Infraestructura resiliente
De acuerdo a numerosos informes elaborados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), los eventos climáticos extremos muestran una tendencia claramente creciente en frecuencia e intensidad.
Para hacer más entendible el impacto: a nivel global, la ocurrencia de al menos un evento climático extremo por año se asocia con un aumento del déficit fiscal del 0,8% del PBI en países de ingreso mediano-bajo, reflejando el fuerte impacto macroeconómico de estos fenómenos. Por extensión, es razonable pensar que las provincias sufren proporcionalmente este impacto. En el caso de Jujuy ese valor podría estimarse en unos 60 a 80 millones de dólares.
Estos desastres climáticos incluyen los efectos de sequías, inundaciones, tormentas, deslizamientos, etc que generan pérdidas de vida y bienes, interrupción de servicios esenciales, daños severos en infraestructura estratégica con todas las afectaciones habituales a nuestras actividades de producción provincial, por nombrar las consecuencias más notorias.
Una agenda descarbonizada y resiliente
En este contexto, el BID impulsa a la región hacia economías descarbonizadas. Una transición energética justa podría generar beneficios económicos relevantes: según el organismo, permitiría incrementar el PBI regional en un 1% anual y crear millones de empleos hasta 2030.
Frente a este escenario de creciente presión climática sobre el territorio y las cuentas públicas, surge con fuerza el concepto de infraestructura resiliente y baja en carbono. La infraestructura resiliente se define como aquella que es planificada, diseñada, construida y operada para anticipar, prepararse y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, siendo además capaz de soportar, responder y recuperarse rápidamente de las interrupciones provocadas por eventos extremos.
Por su parte, la infraestructura baja en carbono es aquella que genera menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la infraestructura tradicional. Ejemplos claros de este tipo de inversiones son las infraestructuras ferroviarias, los sistemas de transporte urbano (como colectivos o trenes ligeros, que reducen el uso del automóvil) y, especialmente, los proyectos de energías renovables, que presentan emisiones significativamente más bajas que las fuentes convencionales.
Si bien a primera vista este enfoque puede parecer utópico, un análisis más detallado demuestra que se trata de una estrategia perfectamente viable. En términos operativos, implica mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, priorizando sectores con mayor impacto positivo en resiliencia climática y desarrollo sostenible; optimizar la eficiencia técnica para lograr mejores resultados con los mismos recursos, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero; y apalancar mayores recursos financieros mediante proyectos con impacto climático positivo.
En otras palabras, esta agenda exige esfuerzos simultáneos en tres frentes estratégicos: reorientar los recursos existentes hacia infraestructuras resilientes y bajas en carbono; mejorar la calidad de las inversiones públicas y privadas, incorporando criterios climáticos desde su diseño e implementación; y ampliar el acceso al financiamiento para nuevas inversiones.
En síntesis, resulta imprescindible comenzar a analizar y planificar la infraestructura no solo para mejorarla y prevenir catástrofes, sino también por una cuestión de optimización de los fondos públicos y de reducción del déficit que genera la falta de atención temprana a estos asuntos clave. Postergar la planificación de la infraestructura no solo resulta mucho más costoso, sino también más riesgoso, en un territorio cada vez más presionado por las actividades humanas y los impactos climáticos.
¿Qué hacemos con lo que nos pasa?
En los últimos días se han difundido imágenes de las inundaciones en la zona de La Merced (Salta). Semanas atrás fue Jujuy, previamente Tucumán, y la lista podría continuar con numerosos ejemplos más. Los escenarios varían, pero el fenómeno es el mismo y requiere ser abordado con urgencia y planificación.
Los Estados, en sus diversas formas, deben establecer un proceso integral y cíclico que garantice que los recursos se asignen, ejecuten y evalúen de manera eficiente. Esto implica una planificación de mediano y largo plazo, donde se definan prioridades estratégicas y se articulen adecuadamente las estrategias de financiamiento, la evaluación socioeconómica de los proyectos y la gestión del riesgo de desastres dentro de la inversión pública.
Asimismo, la gestión de los recursos destinados a la ingeniería y a las obras de inversión pública debe surgir de una priorización clara de las inversiones, garantizando coherencia entre planes, presupuestos y capacidades fiscales. Finalmente, se avanza hacia la fase de contrataciones de obras y al establecimiento de sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que permitan evaluar resultados, corregir desvíos y retroalimentar el ciclo de inversión.
De este modo, una adecuada inversión en ingeniería promueve inversiones públicas más resilientes, sostenibles y con mayor impacto económico y social, en contraste con el déficit recurrente que generan eventos climáticos con consecuencias catastróficas que, en muchos casos, podrían haberse evitado.